No es ciudad para jovenes

Madrid no es Ciudad para jóvenes. Madrid no es de l@s madrileños, no está pensada para sus habitantes, no es una ciudad donde ejercer tu ciudadanía. Ciudadanía es ser poseedor de derechos y obligaciones. Ciudadanía es poder ejercer tus derechos independientemente de los billetes de tu cartera o el color de tu tarjeta de crédito. Los servicios públicos por lo tanto son la clave para poder hablar de ciudadanía. Porque en origen se crearon para suplir lo que el mercado no podrá ofrecer jamás, porque son un bien común, indispensable para la vida de las personas, no un negocio. Mantenimiento de la ciudad (recogida de basuras, alumbrado, asfaltado, alcantarillado, agua), Sanidad , Educación (desde infantil a universitaria), servicios sociales para la pobreza y la marginalidad que huyan de la caridad; ejes fundamentales que hay que aspirar a mantener y mejorar.

Sin Servicios Públicos Madrid no es Ciudad para jóvenes. Madrid no es de l@s madrileños, no está pensada para sus habitantes, no es una ciudad donde ejercer tu ciudadanía. Ciudadanía es ser poseedor de derechos y obligaciones. Ciudadanía es poder ejercer tus derechos independientemente de los billetes de tu cartera o el color de tu tarjeta de crédito. Los servicios públicos por lo tanto son la clave para poder hablar de ciudadanía. Porque en origen se crearon para suplir lo que el mercado no podrá ofrecer jamás, porque son un bien común, indispensable para la vida de las personas, no un negocio. Mantenimiento de la ciudad (recogida de basuras, alumbrado, asfaltado, alcantarillado, agua), Sanidad , Educación (desde infantil a universitaria), servicios sociales para la pobreza y la marginalidad que huyan de la caridad; ejes fundamentales que hay que aspirar a mantener y mejorar. Leer más Los servicios públicos no pueden estar subordinados a la obtención de beneficio o a su funcionamiento como negocio; ello elimina el concepto mismo de Servicio Público. El interés de la mayoría no puede estar subordinado al beneficio de unos pocos. Un ayuntamiento y un gobierno de la Comunidad dedicado exclusivamente a la privatización de los servicios públicos o al recorte en las prestaciones de los mismos es un gobierno que atenta contra la ciudadanía, y con ello, contra la democracia. No puede haber democracia donde la gente carece de atención sanitaria o dónde la atención sanitaria es una elección entre varias necesidades vitales. Cuando a alguien se le niega asistencia sanitaria por razón de su origen, la sanidad pública no ahorra, mata. La defensa de la Sanidad pública, la única defensa posible de la vida, ha sabido protegerse frente a los intentos de los distintos gobiernos de convertirla en un negocio. No quiere decir que la Sanidad pública tal y como la conocimos no pueda mejorarse. Primero la no privatización y luego la derogación de la Ley de Ana Mato. Luego, ampliar sus coberturas, contar con un número adecuado de profesionales sanitarios, universal para todos los residentes en España, mejorar su equipo tecnológico, ampliar su capacidad de practicar cuidados hacia la dependencia y de acercarse al paciente vía telemática. Transformar al profesional sanitario, que deje de estar subordinado a los consejeros elegidos por PPSOE y que sea él partícipe de la gestión de los centros sanitarios. Los profesionales de la Sanidad tienen que ser escuchados pues nadie mejor que ellos puede decir qué falla o qué falta. No puede haber democracia con una educación pública que excluye a sus alumnos dependiendo de su procedencia y etnia, que no favorece la integración de los mismos, donde el profesorado carece de medios y tiempo suficientes para cumplir correctamente con su labor. La educación pública no tiene como principal objetivo el de formar a trabajadores. La Constitución española establece en su artículo 27 que el objetivo de la educación pública será el de garantizar el “pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, debiendo ser la enseñanza básica gratuita. Por lo tanto, no puede haber democracia sin una educación pública que forme a ciudadanos. Es la educación pública y no el sistema judicial o los partidos políticos quien puede asegurar una democracia plena y duradera, pues sólo una formación tendente a una ciudadanía activa y participativa puede asegurar que la Democracia tendrá quien la defienda de políticos dictatoriales o políticos fariseos que nos venden como mercancía al mejor postor. Más allá de trabajadores cualificados, la Educación pública debe formar ciudadanos activos, pues en ello nos jugamos nuestro futuro como sociedad libre y autónoma. Unos servicios públicos disponibles, que sirvan a quien lo necesita cada uno en su medida, transparentes en su funcionamiento, abiertos a las demandas de los ciudadanos, son indispensables. Recortar sus prestaciones o privatizarlos no es defenderlos. Es acabar con lo que los madrileños a lo largo del tiempo nos hemos ido dotando para que ésta, a pesar de no tener playa, sea una ciudad que asegura libertad, derechos y oportunidades para el desarrollo de proyectos vitales. Ocultar
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Los servicios públicos no pueden estar subordinados a la obtención de beneficio o a su funcionamiento como negocio; ello elimina el concepto mismo de Servicio Público. El interés de la mayoría no puede estar subordinado al beneficio de unos pocos. Un ayuntamiento y un gobierno de la Comunidad dedicado exclusivamente a la privatización de los servicios públicos o al recorte en las prestaciones de los mismos es un gobierno que atenta contra la ciudadanía, y con ello, contra la democracia. No puede haber democracia donde la gente carece de atención sanitaria o dónde la atención sanitaria es una elección entre varias necesidades vitales. Cuando a alguien se le niega asistencia sanitaria por razón de su origen, la sanidad pública no ahorra, mata. La defensa de la Sanidad pública, la única defensa posible de la vida, ha sabido protegerse frente a los intentos de los distintos gobiernos de convertirla en un negocio. No quiere decir que la Sanidad pública tal y como la conocimos no pueda mejorarse. Primero la no privatización y luego la derogación de la Ley de Ana Mato. Luego, ampliar sus coberturas, contar con un número adecuado de profesionales sanitarios, universal para todos los residentes en España, mejorar su equipo tecnológico, ampliar su capacidad de practicar cuidados hacia la dependencia y de acercarse al paciente vía telemática. Transformar al profesional sanitario, que deje de estar subordinado a los consejeros elegidos por PPSOE y que sea él partícipe de la gestión de los centros sanitarios. Los profesionales de la Sanidad tienen que ser escuchados pues nadie mejor que ellos puede decir qué falla o qué falta. No puede haber democracia con una educación pública que excluye a sus alumnos dependiendo de su procedencia y etnia, que no favorece la integración de los mismos, donde el profesorado carece de medios y tiempo suficientes para cumplir correctamente con su labor. La educación pública no tiene como principal objetivo el de formar a trabajadores. La Constitución española establece en su artículo 27 que el objetivo de la educación pública será el de garantizar el “pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, debiendo ser la enseñanza básica gratuita. Por lo tanto, no puede haber democracia sin una educación pública que forme a ciudadanos. Es la educación pública y no el sistema judicial o los partidos políticos quien puede asegurar una democracia plena y duradera, pues sólo una formación tendente a una ciudadanía activa y participativa puede asegurar que la Democracia tendrá quien la defienda de políticos dictatoriales o políticos fariseos que nos venden como mercancía al mejor postor. Más allá de trabajadores cualificados, la Educación pública debe formar ciudadanos activos, pues en ello nos jugamos nuestro futuro como sociedad libre y autónoma. Unos servicios públicos disponibles, que sirvan a quien lo necesita cada uno en su medida, transparentes en su funcionamiento, abiertos a las demandas de los ciudadanos, son indispensables. Recortar sus prestaciones o privatizarlos no es defenderlos. Es acabar con lo que los madrileños a lo largo del tiempo nos hemos ido dotando para que ésta, a pesar de no tener playa, sea una ciudad que asegura libertad, derechos y oportunidades para el desarrollo de proyectos vitales.